Ante el anuncio de la ruptura de
relaciones diplomáticas y comerciales de la República Bolivariana de Venezuela
con Panamá, inmediatamente saltaron las alarmas surgiendo una inquietante
interrogante ¿Cómo comercializar sin el Canal de Panamá? Es menester aclarar ciertos puntos en cuanto
al tema. Delimitado como una ruta de navegación
que une al Atlántico con el Pacífico en
su momento fue reconocida como la obra de ingeniería naval más grande y costosa
del mundo y zona estratégica que
contribuyó grandemente con el desarrollo del comercio mundial y como tal
también fue foco de intereses internacionales no solo en su proceso de
construcción sino en cuanto a la titularidad de su soberanía generando conflictos como cuando a finales del Siglo XX en la confrontación con EEUU el cual se arropó
de ancestrales tratados bilaterales y cuyo resultado fue la devolución de la
soberanía plena del canal al gobierno panameño en 1999. Sin embargo, aun cuando
la percepción es que el Canal de Panamá es autoridad y administración
panameña esto no es del todo enfático.
Veamos, la Constitución de Panamá en sus artículos 315 y 316 establece principios
comerciales internacionales y libre
navegación como son la permanente apertura del canal a todas las naciones y la
creación de una persona jurídica autónoma de nombre Autoridad del Canal de
Panamá con sus propios reglamentos y procesos administrativos. De hecho el
artículo 322, expresamente establece que el Canal presta un servicio
internacional permanente que no debe interrumpirse bajo ninguna
circunstancia. Ahora bien, aun siendo
importante lo anterior lo de mayor trascendencia del Canal es la condición de neutralidad permanente el
cual es un status jurídico internacional que consiste en el derecho que tiene
todo estado en el mantenimiento de una conducta imparcial en determinadas situaciones. Por lo tanto ¿Qué generó tanta polémica al momento de la ruptura
de relaciones de Venezuela con Panamá? Inicialmente, el desenlace mediático no
permitió la aclaratoria de determinados puntos que tienen que ver con la
logística comercial del Canal; en segundo lugar porque si bien la Autoridad Del
Canal es un ente autónomo, con la devolución de su soberanía al estado panameño
su regulación se encuentra en la
Constitución de Panamá dándole autoridad de tomar decisiones
trascendentales en materia administrativa y laboral. Ahora, contrariamente, por ser zona de
tránsito marítimo internacional éste involucra una conjugación de voluntades
interestatales para la efectividad y transparencia del tránsito internacional. La
parte delicada ha sido que se han desplazado puntos que realmente importantes y
es la ruptura con Panamá per se. Se puede
seguir perfectamente transitando las mercancías por la zona del canal amén de
ser zona neutral de tránsito internacional pero, de ser evidenciado cualquier fraude
en materia impositiva, almacén y cotización de mercancía esto sería un impacto
negativo en ambas naciones en especial a medianos empresario, también, en cuanto al derecho de libre tránsito,
turismo y derechos económicos de los nacionales venezolanos; las medidas
aplicadas por el estado no pueden vulnerar los derechos y garantías
fundamentales constitucionalmente contempladas ni muchos menos los tratados
internacionales previamente ratificados. Colocar al ciudadano en estado de
indefensión en materia económica y social vulnera los principios sobre los
cuales se sustenta la nación. Esperemos que haya un proceso de reflexión en
cuanto al conflicto donde el norte sea la preservación de la calidad de vida,
el bienestar económico y la facilitación del comercio con miras a la
estabilidad, especialmente acogiéndonos a la resolución alternativa de
conflictos y pensando en el ciudadano. Venezuela contempla el arbitraje
internacional como medio de resolución alternativa de conflictos y como miembro
de la Organización Mundial del Comercio también ha ratificado los mismos; por
lo tanto, esperemos que las vías internacionales convenientes se aperturen y se
vuelva a la tranquilidad.
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